El artículo 221 de la Constitución ecuatoriana, establece que “La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”, y la única persona con la potestad de ratificar las decisiones es el Contralor General del Estado. El hecho de que sea una única persona la encargada de sancionar o no a una persona, puede generar indefensión